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Palabras a la Corte

CLARO COMO EL AGUA

Por Edgar Morisoli



Cuando La Pampa, tras una serie de mermadores recortes territoriales y el consiguiente despojo de recursos naturales esenciales, quedó configurada políticamente tal como lo estableció la Ley Nacional 1.532 “de Territorios Nacionales”, en su jurisdicción fluían los ríos Atuel y Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, que en su ámbito confluyen e integran el Sistema Hídrico del río Colorado, colector final del mismo y límite de La Pampa con Río Negro. Tal Sistema constituye la mayor cuenca hídrica interior de la República Argentina, con una superficie que alcanza los 248.000 km² y abarca desde Catamarca hasta Río Negro.

Pero La Pampa no ha podido acceder, usar ni disfrutar libremente de tales recursos hídricos, indiscutiblemente interprovinciales, como consecuencia de una extensa serie de acciones perpetradas en o por las provincias aguarribeñas del citado Sistema Hídrico. La historia es muy larga y penosa, y se ha desarrollado ante la inexplicable indiferencia de los poderes centrales.
Acaso deberíamos remontarnos al 7 de abril de 1805, con el Tratado suscripto entre la Corona de España y el cacique Carripilón, máximo jefe de los ranqueles (Archivo General de Indias de Sevilla, Audiencia de Buenos Aires, Legajo 92). En él se menciona al cacique como “propietario de los terrenos en la junta de los ríos Atuel y Diamante”, y que en tal carácter otorga la “posesión” de los mismos para la fundación del Fuerte de San Rafael, al comandante del mismo.

Lo que no sabía el cacique, es que el funcionario colonial que suscribió el Tratado, Miguel Téllez de Meneses Sodré, jefe de las milicias urbanas de la ciudad de Mendoza y designado comandante del Fuerte de San Rafael, alentaba el propósito de cometer la primera perturbación grave de los ríos que integran el Sistema Hídrico prealudido. En efecto, dicho funcionario colonial concretó el desvío del río Diamante (afluente natural del Atuel), de manera tal que a fines de 1809 -un año antes de la Revolución de Mayo-, el mencionado Téllez de Meneses Sodré informaba a la superioridad “haberse completado el desvío del río Diamante”.

Así el río Atuel, que desde siempre ingresaba a la que fuera jurisdicción pampeana según la Ley 1.532, perdió nada menos que la mitad de su caudal. De un río que superaba los 60 m³/seg., quedó reducido al Atuel que conocemos, de 32/33 m³/seg. Sólo así se explica la presencia del enorme delta interior que se extiende entre Santa Isabel y Limay Mahuida: fue construido por aquél Atuel previo al desvío de 1809.

Pero eso fue sólo el comienzo. En los archivos de la ex-Empresa del Estado “AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA” obra el expediente V1/4, originado tras la dramática denuncia del Agente Radiotelegrafista de Territorios Nacionales don Ángel Garay (quién también expondrá ante vosotros), en la carta dirigida desde Paso de los Algarrobos al entonces Presidente de la República, Gral. Juan Domingo Perón, el 8 de agosto de 1947. En tales actuaciones están prolijamente documentados todo tipo de alteraciones al escurrimiento natural: como los ejecutados por privados en el sur de la jurisdicción mendocina. Entre ellos, el taponamiento y desvío del brazo principal del Atuel también llamado “Atuel viejo” o “propiamente dicho” -que confluía con el Desaguadero-Salado- Chadilevú en el Paso de la Horqueta- efectuado por parte de un particular en el lugar llamado Paso del Loro (Puesto Bello), al que siguieron los “tapones de Ugalde” (por Isaac de Ugalde y Madariaga, su constructor). Todas ellas obras precarias constituidas por ramas y terraplenes hechos a pala-de-buey.

Esta serie de alteraciones culminaría con la construcción del Dique “El Nihuil”, dispuesto por la Ley Nacional 12.650, que el PEN promulgó tal como había sido sancionada, sin ejercer su derecho al veto, total o parcial, como le hubiera correspondido en defensa de los derechos de La Pampa y los pampeanos, que eran de su directa responsabilidad, ya que en el Congreso de la Nación no hubo quién representara a los mismos.

La minusvalía política territoriana llevó así a la frustración de la Colonia Agrícola Butaló (creada por el mismo Estado Nacional en 1909, en las márgenes del Atuel pampeano), y a lo que se llama la “diáspora saladina”, esto es el desarraigo forzoso de centenares de familias que debieron emigrar tras la construcción del Dique “El Nihuil” en 1947 y la interrupción del escurrimiento del Atuel que duraría 25 años, hasta que un ciclo de condiciones climáticas especiales obligó a la provincia arribeña a liberar sus caudales, aunque éstos sólo se normalizarían por el decenio subsiguiente, para volver a interrumpirse a continuación. Tal desarraigo forzoso -clara violación de los derechos humanos más elementales- fue acompañado por la catástrofe ecológica que convirtió en desierto a grandes humedales, brazos fluviales y lagunas.

Hoy mismo, en las orillas de General Acha, de Victorica, de Telén, de Santa Rosa o General Pico, podemos encontrar aún personas mayores (contemporáneos de don Ángel Garay por su edad) en cuya mirada subsiste la herida incurable del desarraigo forzoso. Allí, en los arrabales urbanos, de poco y nada servían sus saberes pastoriles, su acervo de conocimientos camperos, y contados de ellos consiguieron una ocupación rural.

Seguramente sus hijos y sus nietos, ya están adaptados y desenvolviéndose en ese medio que inicialmente les fue indiferente u hostil. Pero los mayores, sobre todos los varones, muestran a quién sabe mirar y ver, la huella de esa “profunda tristeza” que menciona la carta de don Ángel Garay al Presidente General Juan Domingo Perón. Quien haya logrado percibir esa melancolía, no la olvidará jamás.

La demanda presentada ante éste Excelentísimo Tribunal enumera detalladamente los hechos y su cronología. Pero lo que quiero señalar es que esa sucesión de acontecimientos implica que, en perjuicio de La Pampa y sus habitantes se han violado, larga y reiteradamente, principios que hacen a la esencia misma de nuestra concepción de la República y que consagra el Preámbulo de la Constitución: la unión nacional, la paz interior y el bienestar general. Este alto Tribunal es el garante de esos principios, de su integridad, de su respeto y de su aplicación operativa.

Este último concepto -la aplicación real y operativa- significará que La Pampa pueda tener una participación razonable en el aprovechamiento de los cursos fluviales interprovinciales, con caudal y calidad aptos para su huso humano y agrocultural. Así estaremos ejerciendo no sólo nuestro derecho sino nuestra condición de argentinos y la idea misma de República que encarna nuestro pueblo. Será Justicia.

(texto presentado a la consideración de la Suprema Corte de Justicia como parte de la presentación de La Pampa en la audiencia de conciliación del 14 de junio último)

Foto de Tito Evangelista, puente de Santa Isabel, año 1983.

Edgar Osvaldo Juan Morisoli
DNI 05.988.415
Pasaje Pringles 1055, Santa Rosa - La Pampa


Fuente: Facebook (E. Morisoli)


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